La vuelta al cole genera ciertas dudas legales entre los progenitores, entre las que destacan la compra de material escolar y uniformes, las deducciones en materia fiscal de la compra de los libros para el nuevo curso o, entre otras, el reparto de los gastos del material cuando los padres están divorciados.
Según un estudio de la OCU, el coste medio de cada hijo escolarizado entre 3 y 17 años para el curso 2017/18 será de 1.212 euros.
Obviamente se trata de una cantidad aproximada que puede variar dependiendo del tipo de colegio y las necesidades de cada uno. A modo de ejemplo, los costes en la educación pública rondarán los 841 euros, en los centros concertados se abonarán cerca de los 1.856 euros y en la educación privada el coste ascenderá a 4.086 euros.
Estas cantidades incluyen partidas anuales como la matrícula, los uniformes, los libros de texto, el material escolar y la cuota de la asociación de padres. Así como costes mensuales como la cuota escolar, las actividades extraescolares, los costes del comedor y el transporte de los niños.
En relación a la obligación de comprar los libros o uniforme en el propio centro educativo, debemos diferenciar si se trata de un centro privado, público o concertado. El primero de ellos se rige por normas de régimen interior que los padres aceptan al realizar la correspondiente matrícula, mientras que en los colegios públicos o concertados existe libertad de precios en libros y material escolar desde el año 2007, lo que supone que no pueden obligarnos a realizar la compra de la equipación en el propio centro educativo.
Padres divorciados ¿Quién paga los gastos de inicio de curso?
Como preámbulo dejaremos claro que para establecer la pensión por alimentos que hay que abonar mensualmente se hace un cálculo estimatorio de todos los gastos ordinarios, usuales y no usuales, derivados del sustento, educación, habitación, vestir y asistencia médica de los hijos durante un año y se prorratea en doce mensualidades para su abono. De este modo teniendo en cuanta que los gastos no se devengan de manera uniforme a lo largo del año, los meses de mayor gasto se compensan con los meses en los que éstos son menores. Y en relación al tema que estamos tratando en este momento, septiembre es el mes en el que se generan los mayores gastos derivados de la educación de los hijos.
La mayor parte de la jurisprudencia entiende que el uniforme, libros y material escolar no son gastos extraordinarios sino que se entienden incluidos en la pensión de alimentos como gasto ordinario, ya que la educación forma parte de este concepto, se trata de gastos previsibles y ademas la pensión de alimentos se calcula en el computo anual y se divide entre los doce meses del año para fijar la pensión, precisamente porque como hemos comentado no todos los meses del año tiene los mismos gastos.
Distinto seria si los progenitores hubieran acordado expresamente excluir estos gastos como ordinarios y considerarlos aparte, ya que no pueden ser considerados como gastos extraordinarios ya que por concepto estos gastos son imprevisibles, necesarios y no conocemos el momento temporal en que se van a producir. Los gastos extraordinarios por regla general deberán ser abonados por mitad por cada uno de los progenitores y también es posible que se pacte que sean abonados en diferentes proporción, según los ingresos de cada uno de los progenitores, en este caso lógicamente habrá que estar a lo que indique la estipulación sobre la pensión de alimentos en el convenio regulador que se adjunta a la sentencia y en caso de que la sentencia derive de un procedimiento contencioso lo que figure en el fallo de la misma respecto a la pensión de alimentos y lo que se considere específicamente como gasto extraordinario.
También es importante comentar donde incluiríamos las actividades extraescolares existiendo 3 criterios para su calificación como ordinarios, extraordinarios o potestativos:
Respecto a las deducciones en la declaración de la renta por la compra de material escolar, hay deducciones a nivel nacional por este concepto y, además, son varias las Comunidades Autónomas que también contemplan este tipo de deducciones
Referencia legal